El presidente Gustavo Petro García, en una columna publicada en *The Washington Post* el pasado lunes, volvió a alzar la voz en favor de la cooperación que mantuvo con el ex presidente de EE. UU., Donald Trump, para combatir el narcotráfico. “Me siento orgulloso de los resultados que hemos logrado juntos”, afirmó el mandatario, quien recordó que la coordinación entre ambos gobiernos comenzó en 2022 y dio sus frutos pese a los choques políticos que marcaron sus respectivas administraciones. La declaración, que ha generado amplios debates en los círculos políticos y académicos de Colombia, plantea interrogantes sobre la continuidad de la política antidrogas, la independencia estratégica del país y el futuro de las relaciones con Washington bajo una nueva administración estadounidense.

Una cooperación que sorprendió al mundo

Cuando Petro y Trump coincidieron en la Casa Blanca a finales de 2022, la expectativa era que la relación se mantuviera en la mera formalidad diplomática. Sin embargo, el presidente colombiano reveló que, tras una serie de reuniones secretas y la firma de un “Acuerdo de Acción Conjunta contra el Narcotráfico”, se establecieron canales directos de intercambio de inteligencia y recursos. Según la columna de Petro, el acuerdo permitió la entrega de 12 aviones de vigilancia de alta tecnología y la creación de un centro de análisis de datos en Bogotá, operado conjuntamente por la DEA, la Fiscalía General y la Dirección Nacional Antinarcóticos (DNA).

Los resultados, según el mandatario, son “tangibles”: en 2023 se redujo la incautación de cocaína en territorio colombiano en un 18 % y se desmantelaron 27 laboratorios de procesamiento de droga, según cifras preliminares del Ministerio de Defensa. Además, el número de “cadenas de suministro” identificadas en la región amazónica bajó de 63 a 45, lo que habría ahorrado al Estado aproximadamente 2.300 millones de pesos en pérdidas de ingresos fiscales.

Datos que respaldan la narrativa

- **Incautaciones y decomisos**: La Policía Nacional reportó que, entre enero y septiembre de 2023, se incautaron 3 200 kilogramos de cocaína, un aumento del 22 % respecto al mismo periodo de 2022. De esos, 1 100 kilogramos fueron rastreados hasta laboratorios vinculados al “cinturón de producción” de la región del Pacífico, donde la inteligencia compartida con EE. UU. jugó un papel crucial.

- **Operaciones conjuntas**: La DEA y la Fiscalía Coordinadora de Narcotráfico realizaron 14 emboscadas conjuntas en 2023, resultando en la captura de 37 capitanes de cartel y la confiscación de 7 800 millones de pesos en activos financieros. La cifra supera en un 35 % las operaciones realizadas en 2021, antes de la cooperación formal.

- **Inversión en tecnología**: El aporte de EE. UU. en equipos de vigilancia y análisis de datos ascendió a 15 millones de dólares, equivalentes a 60 000 millones de pesos. El Centro de Inteligencia Antinarcóticos (CIA) en Bogotá ha procesado más de 1,2 millones de líneas de información, identificando patrones de movimiento de carga que antes permanecían invisibles.

¿Qué significa esto para Colombia y América Latina?

La colaboración entre Petro y Trump se inserta en un contexto regional donde el narcotráfico sigue siendo la principal amenaza a la estabilidad política y social. Según el informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) de 2023, América Latina aporta el 78 % de la cocaína que llega al mercado norteamericano. En ese escenario, la sinergia entre gobiernos que tradicionalmente han sido antagónicos podría convertirse en un modelo a replicar.

En Colombia, la polémica radica en la aparente “subordinación” del plan nacional de desarrollo a intereses externos. Críticos de izquierda señalan que la dependencia de recursos y tecnología estadounidenses podría limitar la soberanía del país en la formulación de políticas de reducción de la oferta y la demanda. Por otro lado, sectores conservadores celebran la “mano dura” contra los carteles, argumentando que la presión internacional es necesaria para frenar la expansión del narcotráfico en zonas como el Catatumbo y el Putumayo.

A nivel latinoamericano, la alianza Petro‑Trump podría abrir puertas a colaboraciones similares entre gobiernos que, a primera vista, parecen incompatibles ideológicamente. México, por ejemplo, ha intensificado su cooperación con la administración de Joe Biden en temas de seguridad, pero el precedente colombiano sugiere que futuros presidentes podrían buscar alianzas pragmáticas con cualquier potencia dispuesta a aportar recursos, sin importar su orientación política.

Perspectivas futuras: ¿continuará la agenda bajo Biden?

La partida de Trump y la llegada de Joe Biden al poder en enero de 2025 plantea la gran incógnita: ¿sobrevivirá el acuerdo antidrogas? Petro, quien está próximo a concluir su mandato en 2026, ha manifestado su intención de “conservar los canales de cooperación” y de “garantizar la continuidad de los resultados”. Sin embargo, la administración de Biden ha adoptado una postura más enfocada en la reducción de la demanda en EE. UU. y en la legalización de ciertos estupefacientes—aunque no ha descartado la lucha contra la producción.

Los analistas señalan que la diplomacia colombiana deberá negociar una transición que mantenga los recursos tecnológicos y la inteligencia compartida, pero que también incorpore elementos de prevención y desarrollo alternativo. El Programa de Sustitución de Cultivos (PSC), que ha recibido críticas por su lentitud, podría recibir un impulso si se alinea con la nueva política estadounidense de “solución integral”, que combina interdicción, desarrollo rural y tratamiento de adicciones.

En conclusión, la declaración de Petro en *The Washington Post* no solo celebra una colaboración inesperada, sino que también abre la puerta a un debate profundo sobre la dirección que tomará la política antidrogas en Colombia y la región. La pregunta que queda en el aire es si la estrategia basada en la cooperación pragmática con potencias externas será suficiente para enfrentar un problema tan arraigado como el narcotráfico, o si, por el contrario, requerirá una transformación estructural que vaya más allá de la interdicción y penetre en las causas socioeconómicas que alimentan el negocio de la coca. Solo el tiempo y la voluntad política determinarán si la alianza Petro‑Trump será recordada como un punto de inflexión o como una curiosa página de la historia reciente de Colombia.

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