El Ministerio de Trabajo anunció este lunes un modesto aumento para las trabajadoras del hogar que entrará en vigor el 1 de julio. Aunque el ajuste es menor al 2 por ciento, la medida incorpora un diferencial por “zonas desfavorables” que podría suponer una diferencia de hasta 200 mil pesos mensuales para quienes laboran en municipios con altos índices de violencia o escasa infraestructura. La decisión, tomada a partir del salario de referencia de marzo, genera expectativas y dudas en un sector que, pese a su esencialidad, sigue siendo de los menos regulados y peor remunerados del país.

Un aumento que no alcanza el costo de la vida

El nuevo sueldo base para las empleadas domésticas de categoría “A” (aquellas con más de 1 000 horas de servicio) sube de $1 050 000 a $1 071 000, lo que representa un incremento del 2 por ciento. En la categoría “B” (entre 500 y 1 000 horas) el salario pasará de $930 000 a $949 800, y en la categoría “C” (menos de 500 horas) la cifra cambiará de $810 000 a $826 200.

Sin embargo, el aumento se basa en el salario de referencia de marzo, que ya había sido ajustado en un 1,9 por ciento frente a enero. Según la Dirección de Estadísticas del DANE, la inflación acumulada para el primer semestre de 2024 fue del 6,2 por ciento, una cifra que supera ampliamente el ajuste salarial anunciado. La brecha entre la remuneración y el costo de la canasta básica plantea que, para muchas trabajadoras, el aumento real será nulo o incluso negativo una vez descontados los incrementos de precios de alimentos, energía y transporte.

El diferencial por zona desfavorable: una medida puntual

El gobierno, a través del Ministerio de Trabajo, introdujo por primera vez un diferencial de hasta 200 mil pesos para las empleadas domésticas que desempeñen sus funciones en municipios catalogados como “zonas desfavorables”. Este concepto se define como aquellos territorios con índices de homicidios superiores al promedio nacional (más de 48 homicidios por 100 000 habitantes), escasez de servicios públicos básicos y alta tasa de desempleo estructural.

Según datos del Observatorio de Seguridad de la Universidad Nacional, 22 municipios de la Costa Caribe y 15 del Pacífico cumplen con estos parámetros. En esas áreas, una empleada de categoría “B” podría recibir un total de $1 149 800 mensuales (salario base más el diferencial), mientras que una de categoría “C” alcanzaría $1 026 200. En contraste, en ciudades como Bogotá, Medellín o Cali, el salario se mantendrá en los niveles ya anunciados sin el suplemento adicional.

Los defensores del diferencial argumentan que la medida busca reconocer el riesgo y la vulnerabilidad de las trabajadoras que, además del trabajo doméstico, deben lidiar con desplazamientos inseguros y escasa oferta de servicios de salud. Por su parte, los gremios de empleadores domésticos critican la falta de claridad en los criterios de clasificación y advierten que la medida podría elevar los costos operativos en regiones ya deprimidas económicamente.

Contexto histórico y comparativo en Latinoamérica

Colombia se une a una tendencia regional donde varios países están revisando la normativa laboral para el trabajo doméstico. En 2022, México aprobó una reforma que elevó el salario mínimo para las trabajadoras del hogar a 141 % del salario mínimo general, mientras que en Chile, desde 2020, se estableció un ingreso mínimo mensual de $322 000 (aprox. 65 USD) para el sector. En Perú, la reciente Ley de Formalización del Trabajo Doméstico incluyó un aumento del 3 por ciento en el salario de referencia del 2023.

A nivel comparativo, el salario promedio mensual de una empleada doméstica en Colombia (aprox. $950 000) supera al de México (US$150, equivalente a $600 000) y a Perú (US$180, aproximadamente $720 000), pero sigue muy por debajo del de Uruguay (US$450, cerca de $1 800 000). El diferencial por zona desfavorable, sin embargo, coloca a algunas trabajadoras colombianas en un nivel de ingreso superior al promedio regional, al menos en términos nominales.

Impacto económico y social para las familias trabajadoras

El aumento, aunque pequeño, tiene repercusiones directas en la capacidad de compra de las trabajadoras y sus hogares. Según la Encuesta Nacional de Hogares (ENH) 2023, el ingreso promedio de una familia encabezada por una empleada doméstica es de $2 300 000 mensuales. Con la incorporación del diferencial, alrededor del 12 % de esas familias podrían ver un incremento de su ingreso disponible de entre 5 % y 8 %, lo que les permitiría cubrir gastos de educación, salud y alimentación de manera más holgada.

No obstante, el resto del sector —principalmente en áreas urbanas donde el diferencial no aplica— no experimentará una mejora sustancial. La mayoría de las familias continuarán destinando más del 45 % de sus ingresos a alimentación, un porcentaje que supera el umbral de vulnerabilidad alimentaria definido por la FAO.

Perspectivas y desafíos a futuro

Los analistas del Banco de la República advierten que, si bien el ajuste salarial busca mitigar la creciente presión inflacionaria, su magnitud insuficiente podría generar descontento y una mayor informalidad. “Una política salarial que no se alinea con la inflación real puede empujar a las empleadoras a recurrir a acuerdos informales o a reducir la jornada laboral, afectando la calidad del empleo doméstico”, señala la economista Laura Gómez, del Instituto de Estudios Laborales de la Universidad de los Andes.

Por otro lado, organizaciones civiles como la Federación Colombiana de Sindicatos de Servicios Domésticos (FECOSDOM) piden que el gobierno establezca un piso salarial que iguale al menos el 150 % del salario mínimo nacional, como ocurre en México, y que amplíe la cobertura de seguridad social a todas las trabajadoras, sin importar el tipo de contrato.

En el mediano plazo, la discusión sobre la formalización del trabajo doméstico gana terreno en el Congreso. Proyectos de ley presentados este año buscan crear un registro único de empleadoras y empleados del hogar, facilitar el acceso a pensiones y seguros de salud, y establecer un salario mínimo nacional para el sector que sea revisado semestralmente con base en la inflación y el costo de vida.

Conclusión

El ajuste salarial para empleadas domésticas que entrará en vigor en julio representa un paso, aunque limitado, hacia la valoración del trabajo del hogar en Colombia. El diferencial por zona desfavorable introduce una dimensión de equidad territorial que, si bien bien intencionada, necesita mayor claridad y acompañamiento de políticas complementarias, como la ampliación de la cobertura de salud y pensiones.

En un contexto donde la inflación supera al aumento ofrecido, el desafío para el gobierno será equilibrar la sostenibilidad fiscal con la necesidad de garantizar ingresos dignos a quienes realizan una labor esencial para millones de colombianos. La discusión está abierta y, como indica la tendencia en la región, la presión social y sindical probablemente impulsará reformas más estructurales en los próximos años.

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