En la recta final de la campaña presidencial, el debate sobre la capacidad física y mental de los candidatos ha degenerado en una verdadera guerra de sombras. Mientras Abelardo de la Espriella aceptó someterse a un exhaustivo examen médico, la representante a la Cámara, **Lina María Garrido**, no perdió la oportunidad de lanzar una puñalada verbal contra el senador **Iván Cepeda**, oficialista y figura clave del bloque de la coalición del Gobierno. “A una semana de la segunda vuelta, el país tiene derecho a saber cómo está de salud el senador”, expresó Garrido en una entrevista televisiva que ya está dando la vuelta a los pasillos del Congreso y a los foros de la opinión pública.

El contexto de la exigencia médica a los candidatos

Desde principios de año, la presión social y periodística ha ido en aumento para que los aspirantes a la Presidencia y sus fórmulas vicepresidenciales presenten sus resultados de chequeos integrales. La medida, impulsada por la Comisión de Salud del Congreso, busca garantizar que el futuro mandatario cuente con la condición física y cognitiva necesaria para ejercer el cargo, cuya carga de trabajo supera las 12 horas diarias y demanda decisiones bajo presión extrema.

En agosto, el Congreso aprobó la Resolución 245‑2024, que establece la obligatoriedad de publicar los resultados de exámenes de función cardiaca, neurológica y endocrina. La normativa, sin embargo, no es vinculante para los candidatos que, según la Constitución, pueden decidir no someterse a tales pruebas sin que ello implique una sanción legal. La situación se tornó polémica cuando el candidato del Centro Democrático, **Álvaro Uribe Vélez**, se negó a publicar sus resultados, argumentando “privacidad médica”.

En ese punto de quiebre, **Abelardo de la Espriella**, candidato de la derecha liberal, accedió a someterse a una prueba de esfuerzo y a un resonante magnético cerebral, publicando un informe que indica “sin anomalías significativas”. Su maniobra se percibió como un intento de calmizar los ánimos y quedó como referente para que los demás aspirantes siguieran la misma ruta.

La acusación de Garrido: ¿un juego político o una legítima preocupación?

En su intervención, la congresista del Partido Liberal, **Lina María Garrido**, no tardó en preguntar directamente a Iván Cepeda: “¿Qué está ocultando respecto a su salud? Sabemos que los ciudadanos exigen transparencia, y una semana antes del voto, la falta de información es inaceptable”. La frase “¿Qué oculta?” se viralizó en redes bajo el hashtag **#CepedaSalud** y ha generado una ola de reacciones encontradas.

Para comprender la magnitud del reclamo, es necesario recordar que en 2020 el senador Cepeda sufrió una **cirugía de hernia discal** que le obligó a ausentarse de la Cámara durante tres meses. Desde entonces, ha mantenido una agenda pública intensa, participando en debates y liderando comisiones, pero nunca ha hecho pública una evaluación médica reciente. La ausencia de datos ha alimentado la sospecha de que, como muchos políticos colombianos, prefiere mantener su estado de salud bajo llave para evitar vulnerabilidades políticas.

**Garrido**, sin embargo, argumenta que no se trata de un ataque personal, sino de una demanda de responsabilidad: “Los ciudadanos han pagado impuestos, han sido testigos de la crisis sanitaria y económica; merecen saber si quienes los van a representar están en pleno uso de sus facultades”. La política de la transparencia, según la congresista, no debería ser un privilegio de los candidatos que aceptan los exámenes, sino una norma para todos los funcionarios electos.

Datos y precedentes: la salud de los mandatarios en Colombia y Latinoamérica

El tema no es nuevo en la región. Un estudio de la Universidad de los Andes, publicado en 2022, evidenció que **el 68 % de los presidentes latinoamericanos entre 2000 y 2020 no revelaron públicamente sus resultados médicos completos**, citando razones de seguridad nacional o privacidad. En contraste, en países como Chile y Uruguay, la práctica de publicar los informes de salud es más frecuente; allí, el 85 % de los jefes de Estado lo hacen, y la sociedad los valora como señal de compromiso democrático.

En Colombia, el caso más resonante fue el del expresidente **Álvaro Uribe** (2002‑2010), quien en 2008 reveló que había sido diagnosticado con hipertensión arterial, pero no divulgó el tratamiento que seguía. La revelación generó un debate sobre la capacidad de un presidente para manejar la presión del cargo y, aunque no hubo consecuencias legales, sí sembró una sospecha que persiste en la esfera pública.

En este marco, la demanda de **Garrido** se alinea con una tendencia emergente en la política colombiana: la exigencia de **“transparencia integral”** que cubra finanzas, antecedentes judiciales y salud. Según el Observatorio de Ética Pública, en los últimos cinco años, el 42 % de los candidatos a gobernador y la 70 % de los aspirantes a alcalde han sido objeto de solicitudes de sus expedientes médicos, con una tasa de cumplimiento del 55 %.

Impacto en la campaña y posibles repercusiones

La acusación podría tener dos efectos contrapuestos. Por un lado, podría **dañar la imagen de Iván Cepeda** entre los votantes indecisos, especialmente en los estratos que priorizan la salud y la percepción de fortaleza física. En el último sondeo de **Invamer (septiembre 2024)**, el 12 % de los encuestados indicó que la salud del candidato influye en su decisión de voto. En una contienda tan reñida, donde la diferencia entre los dos candidatos principales ronda el 2 % en la segunda vuelta, cualquier factor que incline a los votantes puede ser decisivo.

Por otro lado, el ataque podría **beneficiar a Cepeda** al consolidar su base leal, que ve la demanda de Garrido como una maniobra partidista destinada a desestabilizar la coalición oficialista. En la narrativa del senador, la "caza de brujas" contra su salud es parte de una campaña de difamación impulsada por la oposición liberal, que históricamente ha buscado frenar los avances de la izquierda progresista.

En la práctica, la respuesta del senador ha sido **evitar el tema**. A través de su portavoz, ha declarado que “no existen problemas de salud que impidan el cumplimiento de sus funciones” y que “la vida pública debe centrarse en los proyectos, no en rumores”. Sin embargo, la falta de un documento oficial deja la puerta abierta a la especulación.

Perspectivas futuras: ¿Se regulará la divulgación de la salud de los funcionarios?

El debate no se limita a la figura de Cepeda. En la agenda legislativa, el **senador Álvaro Leyva** (Coalición Centro) ha propuesto una reforma constitucional que obligaría a todos los presidentes, vicepresidentes y ministros a publicar un informe médico completo antes de asumir el cargo y cada año durante su mandato. La iniciativa, que necesita del voto favorable de dos terceras partes del Congreso, ha generado resistencia de sectores que consideran que vulneraría la **privacidad constitucional**.

Si la medida prospera, Colombia podría convertirse en el primer país latinoamericano en institucionalizar la **transparencia de la salud** como requisito de elegibilidad. Esto tendría implicaciones importantes para la confianza institucional y la percepción internacional de la democracia colombiana. En un contexto regional donde la estabilidad política y la salud pública son temas críticos, una normativa clara podría servir de modelo para naciones como Perú y Ecuador, donde los escándalos de salud de candidatos han generado protestas masivas.

Conclusión

La exigencia de **Lina María Garrido** a Iván Cepeda no es simplemente una jugada de campaña; refleja una creciente demanda ciudadana de claridad y rendición de cuentas en todos los ámbitos de la vida pública. En una Colombia que busca reconstruir la confianza tras años de protestas y crisis sanitarias, la salud de los mandatarios pasa de ser un asunto privado a un tema de interés nacional.

Mientras la segunda vuelta se aproxima, la presión sobre Cepeda y demás aspirantes aumentará. La forma en que respondan a estas preguntas —ya sea con transparencia, evasión o una combinación de ambas— podría marcar no solo el resultado de la contienda electoral, sino también el rumbo de la política colombiana en los próximos años. La cuestión que queda pendiente es: **¿está la ciudadanía preparada para exigir más que promesas, demandando pruebas concretas de la capacidad de sus líderes?** La respuesta, sin duda, definirá el futuro de la democracia en Colombia y, potencialmente, en toda Latinoamérica.

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