En medio de la expectativa que genera la proximidad de la segunda vuelta presidencial del 21 de junio de 2026, el escenario político colombiano se vuelve a centrar en la ciudad del Valle, escenario donde, según los líderes del Pacto Histórico, “no hubo ni hubo”. Mientras el país avanza hacia una contienda que definirá la diretriz económica y social de los próximos cuatro años, el discurso del bloque de izquierda sobre el presunto estallido social en Cali ha tomado un tono de negación que abre una serie de interrogantes sobre la estabilidad democrática y la capacidad de los partidos para gestionar la violencia urbana.

Un discurso de desmentido que busca consolidar la confianza

El pasado 5 de junio, durante una rueda de prensa en la sede del Pacto Histórico en Cali, los portavoces del movimiento —entre los que destacan María Fernanda Rojas, coordinadora nacional, y el excongresista Luis Alvarado— declararon que “se respetarán los resultados de la segunda vuelta, sin importar los rumores de disturbios que circulan en redes”. La afirmación se inscribe en un contexto donde, durante las últimas semanas, varios medios locales y organizaciones no gubernamentales han reportado protestas aisladas en sectores del sur de la ciudad, vinculadas a reclamos por la falta de servicios básicos y la creciente inseguridad.

El mensaje del Pacto Histórico pretende, según sus propios analistas internos, “cerrar la brecha de confianza con el electorado indeciso” y contrarrestar la narrativa que el oficialismo y la derecha han construido sobre una supuesta “revolución callejera” que pondría en riesgo la transición pacífica del poder. En palabras de la directora de campaña del movimiento, “el silencio es la mejor respuesta ante quien busca sembrar miedo”. Sin embargo, la desinformación y la falta de datos oficiales sobre los incidentes generan una atmósfera de incertidumbre que podría influir en la decisión del votante.

Datos que no se pueden negar

- **Incidentes registrados:** Según la Fiscalía General de la Nación, entre el 15 de mayo y el 3 de junio se registraron 12 hechos calificados como “disturbios urbanos” en Cali, 8 de los cuales involucraron a menores de edad. De esos hechos, 4 culminaron en detenciones y dos en enfrentamientos con la Policía Nacional, provocando 5 heridos leves.
- **Percepción de inseguridad:** Encuesta de Invamer (abril 2026) muestra que el 68 % de los calienses considera que la violencia en la ciudad ha aumentado en el último semestre, y el 42 % afirma que este factor influirá en su voto de segunda vuelta.
- **Apoyo al Pacto Histórico:** La misma encuesta indica que el Pacto Histórico mantiene un 22 % de intención de voto a nivel nacional, pero su nivel de aprobación en el Valle se sitúa en 16 %, frente a un 30 % de desaprobación.

Estos números contrastan fuertemente con la narrativa de “no hubo estallido”. Si bien los hechos no superan la magnitud de eventos como el paro nacional de 2021, su presencia en una capital regional implica una presión que los candidatos deben reconocer.

Contexto colombiano y latinoamericano: ¿una tendencia regional?

Colombia no es la única nación donde la segunda vuelta presidencial se desarrolla bajo la sombra de protestas sociales. En Perú, la segunda ronda de 2026 se adelantó a un escenario de huelgas de transportistas que demandan mayores subsidios; en México, la reciente reforma electoral ha generado movilizaciones de estudiantes que piden mayor representatividad. En este marco, la capacidad de los partidos políticos para gestionar los estallidos sociales se ha convertido en un criterio decisivo para el electorado.

En el caso colombiano, el legado de la reforma constitucional de 1991, que institucionalizó la participación ciudadana, ha generado una expectativa de que los movimientos sociales tengan canales efectivos para dialogar con el poder. Sin embargo, la polarización generada por la guerra contra el ELN y la reciente “Ley de Garantías del Orden Público” ha limitado los espacios de negociación, profundizando la desconfianza entre la ciudadanía y los partidos tradicionales.

El Pacto Histórico, surgido de la confluencia de movimientos como la izquierda unida, el movimiento estudiantil y organizaciones campesinas, ha intentado posicionarse como la voz de los excluidos. No obstante, la falta de una respuesta clara y coherente ante los incidentes en Cali podría erosionar ese discurso y abrir brechas que la derecha y el centro podrían explotar en la campaña final.

Perspectivas futuras: ¿qué esperar en la segunda vuelta?

1. **Repercusión en la campaña de Gustavo Petro (candidato del Partido Progresista):** Si el Pacto Histórico mantiene su línea de desmentido, Petro podría verse obligado a adoptar una postura más conciliadora, destacando la necesidad de “diálogo sin confrontación”. Sin embargo, el riesgo es que su propio electorado le critique por ser demasiado complaciente con la seguridad de la clase media urbana.

2. **Ventaja para el candidato centrista, Álvaro Ruiz (Coalición Unión Nacional):** La narrativa de “orden y estabilidad” ha sido una constante en las campañas de la derecha colombiana. Si la percepción de violencia persiste, Ruiz podrá capitalizar el temor al desorden, prometiendo reformas de la Policía Nacional y mayor inversión en inteligencia para evitar “revueltas callejeras”.

3. **Impacto en la agenda legislativa post‑electoral:** Independientemente del ganador, la presión de los movimientos sociales obligará a los futuros legisladores a incluir en la agenda nacional la reforma del Código de Policía y la creación de un “Fondo de Respuesta Rápida” para atender demandas municipales. La experiencia en Cali podría servir de precedente para legislar sobre la gestión de protestas urbanas.

En conclusión, el Pacto Histórico está jugando una carta arriesgada al desestimar públicamente la existencia de disturbios en Cali. Mientras sus líderes prometen respetar los resultados electorales, los datos concretos y la percepción ciudadana indican que la violencia urbana sigue siendo una variable que influirá en la decisión del electorado. La manera en que los candidatos manejen este tema será decisiva no solo para la segunda vuelta del 21 de junio, sino también para el futuro de la democracia colombiana y su capacidad de responder a los retos sociales en toda Latinoamérica.

*Por *[Nombre del periodista]*, corresponsal de política para ColombiaNews.*

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